La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el
país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida
del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil
capacidad de gestión en los niveles locales.
Esta combinación de factores ha
generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en
brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos
económicos disponibles y dirección regional.
La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han
afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación
de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones
de permanencia en las aulas.
Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las
más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con
presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas
urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y
seguras para la población estudiantil.
Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de
equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al
reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en
situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que
enfrentan mayores barreras de acceso.
Estas desigualdades violan los principios de
progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.
